22/1/18

Las 15 rosas de un pueblo de Huelva. Fueron asesinadas con todo el ritual fascista de terror, rapadas, purgadas, muchas fueron vejadas. El cura ni se acercó a confesarlas...

"La provincia de Huelva había sido completamente dominada por los franquistas. El 23 de agosto 21 vecinos fueron asesinados en Alosno, 30 en Ayamonte; el 10 de septiembre, 15 más en Alosno; 3 en Huelva en 1937, y en septiembre de 1937 asesinadas 15 mujeres. Los máximos responsables fueron los comandantes, militar o de la Guardia Civil.

 Los ejecutores eran los falangistas, a los que la gente recuerda con terror. Los familiares de muchas de las víctimas eran acusados por los golpistas de Republicanos, porque ya en diciembre de 1930, guiados por el maestro Francisco Lianes y Francisco Pérez Carrasco, Puebla de Guzmán fue uno de los primeros que proclamó la República, ya que se tardó en conocer el fracaso del levantamiento de los capitanes Galán y García.
 
José Domínguez Álvarez (Pedro El Sastre) nació en 1918. Los franquistas fusilaron a su padre, Diego Domínguez Ponce, 2º teniente de alcalde en Puebla de Guzmán, y cuando Jose escribía cartas a su madre María Blasa, ésta ya había sido fusilada por los fascistas junto a otras 8 mujeres en el callejón de la Fuente Vieja.

 Carecían de actividad política o sindical, algunas eran religiosas, muchos familiares ya habían sido eliminados, pero padecieron un trato atroz durante los meses que permanecieron retenidas en el antiguo matadero municipal.

Fueron asesinadas con todo el ritual fascista de terror, rapadas, purgadas, muchas fueron vejadas. El cura ni se acercó a confesarlas. No tuvieron juicio, sacadas a media noche y llevadas a un paredón. Días después otras 7 mujeres corrieron la misma suerte. Los verdugos eran unos degenerados, uno del pelotón levantó la falda a una de las que acababa de fusilar y le hizo gestos obscenos, y se jactaban por el pueblo del crimen cometido.

Tenebrosamente los criminales cargaron los cadáveres de las mujeres en un carro requisado tirado por una sola bestia. Tuvieron que empujarlo para que el animal subiera la cuesta que lleva al cementerio. Una de ellas, Sampedro, era la madre de Félix el enterrador, que plantó un rosal sobre la fosa común donde fueron arrojadas las 15, amontonadas, abandonadas, compartiendo la sima. 

No hay señal de recuerdo, ni un simple monolito, ni hay referencia a los 81 vecinos asesinados por los franquistas, estos últimos se hicieron desgraciadamente famosos por todo el Andévalo. Pero entre la maleza aún existe el rosal que Félix sembró, injertó con otros, y allí crecieron rosas rojas, amarillas, lilas, las Rosas de Guzmán:

Asesinadas en Fuente Vieja el 13 de Septiembre de 1937: María San Blas Álvarez Cano; Beatriz Álvarez Gómez, a la que ya le habían matado a su hijo Gaspar; Dolores Clemente Martín; Catalina García Márquez, mujer del barbero Felipe Sández; María Márquez González, madre de dos hijas, una de ellas lactante; Mª Dolores Rodríguez Gallardo; María Roldán García. Fusiladas en el cementerio ese mismo mes: Mercedes Álvarez Pérez; Antonia Beltrán; María Rodrigo Domínguez Ponce; Concha Orta Blanco; Concepción Orta; María Peña Domínguez Suárez, que era mujer de Juan Mora ‘Farfán’, primer secretario del PSOE; Sampedro Álvarez Rodríguez; Dolores Ponce Barbosa fue fusilada en el patio de su casa, era hermana de Bartolomé y Blas Ponce.

José Domínguez ha descrito toda clase de pormenores sobre los crímenes cometidos contra los vecinos de Puebla, testigos de los fusilamientos, cadáveres de mujeres y hombres liquidados sin juicio previo ni pruebas en su contra, lugares donde se cometió el acto criminal, circunstancias que rodearon los hechos: 

“La dinámica de la maquinaria represiva fascista, desencadenada como un huracán de fuego en los primeros días, meses y años que siguieron al golpe de estado del 18 de julio de 1936, muestra descarnadamente su instinto criminal, dejando claro que el asesinato de las Rosas fue un crimen personal hacia ellas”… “Hubo matanzas indiscriminadas, no por un tema político, el asesinato de aquellas mujeres y hombres satisfacía el instinto criminal fascista, ese ansia de destrucción de la vida que tenían”… “Un arma grande de los franquistas fue el olvido, han desfigurado la realidad de un país. Y sus herederos políticos continúan hoy la tarea”.

Los intentos de familiares y de asociaciones por encontrar la fosa de las 15 rosas de la Puebla de Guzmán han sido infructuosos, el cementerio se ha removido, han ocurrido vaciamientos y rellenados en ocasiones clandestinamente, hay superposiciones de sepulturas y fosas. Sin embargo las Rosas de Guzmán no han desaparecido, permanecen en el recuerdo de todos los Antifascistas y Republicanos Españoles."               (Documentalismo memorialismo y republicano, 13/01/18)

19/1/18

En la zona republicana los asesinatos se produjeron a pesar de los esfuerzos de las autoridades por impedirlos, y duraron sólo hasta diciembre de 1936, cuando éstas toman el control. La represión en el bando franquista fue brutal. Con una diferencia, aquí Iglesia, gobierno, ejército, policía y guardia civil apoyaban las masacres

"Asesinatos en la zona republicana


Probablemente no tiene ya tanto interés saber quién o qué bando “puso más muertos”, sino cómo se encaja el futuro. Pero para medir la tragedia en sus dimensiones cuantitativas, es obvia la dificultad de llegar a cifras más o menos aproximadas cuando la exageración de los asesinatos constituía un esencial instrumento de guerra. 

Serrano Súñer, en un discurso en Bil­bao en 1938, dice hablar “en nombre de los 400.000 hermanos nuestros martirizados por los enemigos de Dios”. Yanguas Messía, en noviembre de 1938, para rechazar los intentos de po­ner fin a la guerra por una mediación, decía al cardenal Paccelli que son “centenares de miles”… 

Estelrich, que desde París, pagado por Cambó, escribía propaganda franquista, afirmaba que los sacerdotes seculares asesinados eran 16.750. Hoy son comúnmente aceptadas las cifras de Antonio Montero1, que cita por sus nombres a 12 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas, con un total de 6.832 (pg. 762). A estas cifras hay que añadir los seglares que perecieron por la misma causa.

Prevaleció la fuerza frente a la justicia.


Prácticamente la totalidad de los asesinatos se llevaron a cabo hasta diciembre de 1936. Al comienzo las víctimas eran apresadas y liquidadas sin ninguna formalidad procesal. A partir de septiembre se crean los Tribunales Populares, y son generalmente condenadas sólo a penas de prisión A partir de los sucesos de mayo del 37 “es indiscutible que cesó el asesinato de nuestros compañeros de sacerdocio” dice el archivero de la diócesis de Barcelona2.


Fue una violencia desatada, masiva, rápida y generalizada, resultado de odios inveterados. Es cierto que en un primer momento fue alimentada por algunos de los líderes de izquierda, especialmente anarquistas, del POUM y comunistas. Pero de ninguna manera esto supone que hubiera ningún plan previamente organizado como ha supuesto alguna publicación reciente3. 

De no haber existido el alzamiento no hubiera habido masacre. La tradición beligerante de la Jerarquía durante todo el siglo xx y especialmente contra la República, pero sobre todo las noticias de las masacres ejecutadas en el otro bando ordenadas por los mandos militares y el soporte que esta Jerarquía dio al alzamiento encendieron la venganza. Tanto el gobierno de la Generalitat como el de Madrid se vieron desbordados y sin las fuerzas necesarias para mantener el orden. 

Los socialistas, comunistas y anarquistas que formaban parte de las bandas de criminales mataban a los miembros de la burguesía y de la iglesia con ánimo místico, dispuestos a aplastar para siempre la opresión del pueblo y convencidos de que formaban parte de una operación militar.


Tanto en Madrid como en Barcelona los dirigentes del go­bierno intentaron salvar vidas de los amenazados por su significación religiosa o política. Ventura y Gassol ayudó, entre otros, a Vidal y Barraquer, al obispo de Gerona, a Puig y Ca­da­falch. “Muchos otros, desde Companys hasta la Pasionaria, se preocuparon y arriesgaron su propia vida y reputación a favor de las víctimas de la terrible ola de violencia” (Hugh Thomas, pg.200). 

Hasta Queipo de Llano, en una de sus escuchadas y temibles emisiones de radio, reconocía el 24 de agosto que el presidente Companys “ha dejado salir de Barcelona a más de cinco mil hombres de derecha”. Muchas de las autoridades que más se significaron en la defensa y evacuación de personas en peligro tuvieron que huir posteriormente también ellos al ex­tranjero. 

Así, el citado Ventura y Gassol, el comisario de orden público Federico Escofet, Manuel Carrasco y For­miguera o el dirigente de la CNT Joan Peiró. Muchos de ellos fueron posteriormente asesinados. A partir de 1937, con la llegada a la presidencia del Consejo de Ministros de Largo Caballero, que in­corporó a Manuel de Irujo, representante del PNV y católico, el control gubernamental se impuso paulatinamente y los episodios de represión se hicieron más esporádicos y localizados a partir de 1937.


El franquismo presentó a los asesinados como “caídos por Dios y por España”. La mayoría murió efectivamente por pertenecer a una confesión religiosa. Pero habría que ver si la razón de perseguir a los miembros de la Iglesia era por odio a Cristo o porque los perseguidores consideraban, con o sin razón, que la Iglesia, y por tanto sus representantes más significados, habían demostrado ser enemigos políticos.

 Un sacerdote escapado a Francia gracias a Ventura y Gassol confesaba “los rojos han destruido nuestras iglesias, pero nosotros destruimos primero la Iglesia” (Salvador de Madariaga. España. México).


Asesinatos en la zona nacional


La represión en el bando franquista fue brutal. Con una diferencia fundamental en relación con los asesinatos de la zona republicana: aquí el ejército, policía y guardia civil no se ha­bían desmembrado y apoyaban las masacres.

 “En la zona republicana las muertes se produjeron a pesar de los esfuerzos de las autoridades (República, Euskadi, Generalitat) por impedirlas, mientras que en la otra zona recae sobre las autoridades la responsabilidad directa y expresa, tanto de los fusilamientos como de los “paseos”4.

  “La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y está bien organizado: serán encarcelados todos los directivos de los partidos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoseles castigos ejemplares para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. 

Para los compañeros que no son compañeros, el movimiento triunfante será inexorable”. No fue una violencia “incontrolada”, sino que fue impulsada y ordenada por los mandos militares, ejecutada por los falangistas y bendecida por los obispos.

El terror fue un arma fundamental. El 19 de julio en una reunión de alcaldes en Pamplona el mismo Mola repetía: “Es necesario propagar una atmósfera de terror… cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser asesinado”. El alcalde de Villaba manifestó sus dudas. Mola le espetó: “Todo aquél que dude, ampare u oculte a alguien del Frente Popular será también pasado por las armas” (Iturralde, pg. 89).


Como muestra de terror habría que recordar las charlas de Yagüe en Extremadura o de Queipo de Llano en Radio Se­villa. En la primera de sus charlas Queipo decía: “Con harto sentimiento me doy cuen­ta de la estulticia de algunos obreros del Ayuntamiento y otros sitios que han abandonado el trabajo por coacciones de los directivos. Sepan que vivirán poco tiempo. Ya he dado órdenes que se les detenga in­mediatamente y sean fusilados”.


El 23 de julio emite el si­guiente bando: “1º En todo gremio en que se produzca una huelga o abandono de servicio… serán pasadas por las ar­mas inmediatamente todas las personas de la directiva y un número igual de individuos de éstos, discrecionalmente escogidos. 2º En vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandamientos he resuelto que todos los que se resistan a las órdenes de la autoridad, serán también fusilados sin formación de causa”.

Ordena asimismo que donde se cometan actos contra los alzados “las directivas de las organizaciones marxista o comunista serán pasadas por las armas sin formación de causa, y en caso de no darse con tales individuos, serán ejecutados un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos”.


En la misma emisión del 23 de julio decía: “Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: Morón, Utrera, Puen­­te Genil… ¡Id preparando tumbas! Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros”.


Y a continuación, en la misma charla: “Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad. Y a la vez, a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”.


Antonio Bahamonde, que fue durante un año jefe de propaganda de Queipo de Llano en Sevilla y que ante el horror de lo que había presenciado terminó escapándose al extranjero, en sus memorias Un año con Queipo estima que a principios de 1938 se habían realizado en la zona de su ex-jefe unas 150.000 ejecuciones.


Después de la ocupación de Euskadi por Mola, entre el 8 y el 27 de octubre de 1936 se fusilan a 16 sacerdotes, 13 diocesanos y 3 religiosos considerados hostiles por el bando sublevado. Hasta entonces el gobierno leal a la República había mantenido el control y no se habían producido en Euskadi episodios masivos de violencia contra las personas o los bienes eclesiásticos como en el resto del territorio republicano5.


Isidro Gomá fue informado de los casos el 26 de octubre y tras reunirse con Franco, envió una nota el 8 de noviembre a la Santa Sede explicando que lo ocurrido se había producido “por abuso de autoridad por parte de un subalterno” y con la promesa de Franco de que “no ocurrirá fusilamiento alguno de sa­cerdotes sin que se observen juntamente con las leyes militares las disposiciones de la Iglesia”6. 

En diciembre el lehendakari José Antonio Aguirre denunció además del asesinato, la persecución y destierro de sacerdotes por “ser amantes del pueblo vasco”. Gomá, el 13 de enero de 1937, en su Carta abierta al Sr. Aguirre negaba los motivos expuestos por Aguirre aduciendo que dichos religiosos fueron fusilados “por haberse apeado del plano de santidad en el que tenían que haber permanecido”.


El obispo de Euskadi, Mateo Múgica, hasta entonces defensor del alzamiento, se quejó amargamente de este hecho ante la Santa Sede. Esto le valió el destierro gestionado por Gomá y fue la principal causa de su negativa a firmar la Carta colectiva. En carta dirigida a la Santa Sede en junio de 1937 decía: “Según el episcopado español, en la España de Franco la justicia es bien administrada, y esto no es verdad. Yo tengo nutridísimas listas de cristianos fervorosos y de sacerdotes ejemplares asesinados impunemente sin juicio y sin ninguna formalidad jurídica”.


Otros episodios de violencia en contra de religiosos vascos por el bando sublevado fueron el bombardeo indiscriminado de Durango, el 31 de marzo de 1937, en el que resultaron muertos 14 monjas y dos sacerdotes y el bombardeo de Guernica pocos días después, el 26 de abril. Por su crueldad este hecho tuvo un enorme impacto en la opinión pública católica internacional.


Las protestas en el extranjero de mayor impacto por su procedencia –intelectuales católicos y de derechas– fueron las del filósofo Jacques Maritain (“…si creen que han de matar, que ya es bastante horrible, que lo hagan en nombre del orden social o de la nación, pero que no maten en nombre del Cristo”7), y la de Georges Bernanos, que vivió en Mallorca en el momento del alzamiento. 

En Les grands cimitères sous la lune, Bernanos, sin dejar de confesarse católico y cercano al Frente Nacional de Maurras, hace una denuncia global del franquismo y de las Jerarquías católicas, escandalizado por las atrocidades innecesarias cometidas en nombre de Dios, del asesinato y tortura de inocentes ante sus propias familias y de la satisfacción con que la Jerarquía las aprobaba.  

Según él en Mallorca se cometieron 3.000 asesinatos desde julio de 1936 hasta marzo de 1937.  Ante el creciente clamor en contra, Franco pidió al cardenal Gomá una declaración pública del episcopado español como aval ideológico frente a la crítica internacional. Fue la Carta Co­lec­tiva que saldría finalmente a la luz pública el 1 de julio de 1937.


En cuanto al número de víctimas, también los republicanos exageraron las cifras. Ramón Sender cita la cantidad de 750.000 ejecuciones en la España nacionalista hasta mediados de 1938. El Colegio de Abogados de Madrid informó que en las primeras semanas de la guerra  9.000 obreros habían sido asesinados en Se­villa, número que se elevaba a 20.000 a finales de 1937, 2.000 en Zaragoza, 5.000 en Gra­nada, 7.000 en toda Navarra, etc., etc.


Todavía hoy resulta difícil establecer un cómputo aproximado. Se siguen descubriendo fosas, todavía se abren archivos… Desde la Transición la historiografía ya no acepta la versión franquista de los hechos.

Es sintomático que en 1973 Ricardo de la Cierva, franquista y al servicio de Fraga, se vea obligado a escribir: “Ante los primeros datos ciertos que po­seemos, parece deducirse que la dura ley que más o menos conscientemente regía la atribución de penas de muerte en los te­rritorios conquistados era la ley del talión; el numero de víctimas del bando nacionalista es equivalente a las causadas por la represión –espontánea y controlada– del bando republicano. (…) 

Las in­justicias y venganzas no escasearon, por desgracia, en un ban­do que alardeaba de ideales espiritualmente superiores a los del enemigo y que fundaba estos ideales en la fe cristiana (…) Se condenó a muerte en la zona nacional por motivos puramente ideológicos y por represalias de las atrocidades cometidas en el bando enemigo…” (De la Cier­va, pg. 254)8.


Hoy se impone la versión que la represión en la zona nacional fue bastante más cuantiosa que en la zona roja.  En los estudios publicados en los diez últimos años se coincide que hasta 1945 en la zona franquista hubo unos 100.000 asesinados y unos 55.000 en la zona republicana, sobre todo en otoño-in­vierno del 36-37, todos registrados. Las asociaciones de la me­moria hablan de otros 30.000 fusilados en la zona nacional todavía no registrados, que se encuentran en cunetas o fosas comunes9.


La justificación legal para todas estas ejecuciones sumarísimas se buscó sencillamente en la legitimidad del alzamiento y de la guerra. Se dio por sentado que los que habían dado el golpe de estado eran el poder legítimo y que el legítimo gobierno de la República estaba constituído por rebeldes, de manera que con una inversión súbita de la realidad los que no se rebelaron resultaron ser rebeldes y los rebeldes se consideraron el gobierno legítimo. En los primeros Tribunales creados en la zo­na de Franco se incluía esta original fórmula para justificar la condena:


“Resultando que en los días 16 y 17 de julio de 1936 las Au­to­ridades militares, por razón suprema de salvar España, tuvieron que asumir y asumieron mediante la declaración del Es­tado de Guerra los Poderes Públicos, pero contra ella surgió en diversos puntos del territorio Nacional un alzamiento en ar­mas que perdura… manteniendo una tenaz resistencia con las armas en oposición a las legítimas Autoridades del Ejército…”

 Requetés y falangistas mataban en nombre de Dios a inocentes acusados de comunistas y muchos de ellos morían be­sando el crucifijo; se humilló y torturó a las esposas de los ajusticiados rapándolas y paseándolas desnudas por los pueblos, se asesinó a maestros como representantes de una cultura re­publicana. La censura lo ocultó de la opinión internacional a la que sólo le llegaban los excesos republicanos.


Han debido pasar setenta años para que llegaran a conocerse hechos escalofriantes como los que narra el fraile capuchino Gumersindo de Estella. En Fusilados en Zaragoza 1936-1939, cuenta cómo asistió hasta el momento de la ejecución a más de 300 condenados a muerte en la cárcel de Zaragoza. 

La publicación de estas memorias ha debido esperar más de cincuenta años. Lo más destacable de ellas es el drama humano de los reos. En muchas de ellas se resalta que fueron acusados por venganzas personales y se destaca su inocencia, llegándose a fusilar a personas que se confesaban de derechas de toda la vi­da y católicas.


María Antonia Iglesias en Maestros de la República, los otros santos, los otros mártires, relata el sacrificio de los maestros que fueron fusilados simplemente por el hecho de ser maestros. En nueve provincias existen datos de que fueron fusilados 250 maestros. Y curiosamente, la mayor parte de los testimonios citados, además de una arraigada vocación profesional, se confiesan católicos y practicantes.


Recientemente ha conmovido la opinión pública el caso de las llamadas Trece rosas. Fue el nombre colectivo que se dio a un grupo de trece muchachas, siete de ellas menores de edad, fusiladas por la represión franquista en Madrid, poco después de finalizar de la Guerra. Formaban parte de un colectivo de 56 jóvenes acusados de reorganizar las Juventudes Socialistas Unificadas y el PCE


La postura de la Iglesia


El problema religioso había llegado a la República definido, para unos y otros, como un problema político. La República vino como una reacción contra la Dictadura y contra la Mo­narquía, y la Iglesia había sido el más firme sostén de ambas. Era normal que la Jerarquía se sintiera más cercana a una Mo­narquía dispuesta a conservar sus privilegios que a una Re­pública que anunciaba revisarlos. 

En las municipales del 31 los miembros de la Iglesia vincularon la doctrina católica con el ideario de los partidos monárquicos, se agitó con profusión la amenaza del comunismo por parte de la Jerarquía y los candidatos republicanos fueron presentados a menudo como “vendidos al oro de Moscú”.


Pero no fue la República la que inventó en España el anticlericalismo. La conciencia anticlerical fue a menudo fatalmente alimentada por la propia Jerarquía, por sus abusos, por su riqueza, por su sistemática oposición al progreso, por su vinculación a la dictadura. No basta con decir que España se fue haciendo anticlerical sin explicar el porqué. 

Para poder interpretar las causas de la violencia anticlerical es imprescindible analizar las tomas de postura social, política o cultural que la Jerarquía fue tomando a lo largo de los siglos xix y xx. Por sus posturas, la Iglesia llegaba a 1931 con la animadversión de la ma­yor parte de los grupos que propiciaron el advenimiento de la República: partidos y sindicatos, clase obrera, mundo intelectual y cultural. 

Y ante esta situación de hostilidad, con una dramática falta de visión de lo ocurrido, la Jerarquía respondió con mayor hostilidad. En mayo del 31 el Primado, el cardenal Segura, publica una pastoral sobre la conducta hostil que los católicos deben seguir ante el nuevo Régimen. El 14 de junio se le acompaña hasta la frontera. Le sustituirá como primado de España y obispo de Toledo el belicoso y franquista cardenal Gomá.


Les sobraban motivos a los republicanos para ser anticlericales, pero les faltó tacto. En los vaivenes del sexenio las rela­cio­nes entre República e Iglesia se agriaron por errores y provocaciones de ambos costados. Entre otros,  los republicanos cometieron el error político de herir los sentimientos de una población mayoritariamente “católica”, al menos en la zona rural. 

Es preciso hacer una distinción entre Jerarquía y clero rural, pobre, molesto por su situación penosa. Interesa dejar sentada la diferencia porque sobre todo en los primeros meses, al hablar de incomprensión de la Iglesia estamos aludiendo al episcopado más que al clero bajo.


La Jerarquía de la Iglesia tuvo una posición beligerante y con sus declaraciones apoyó sin matices la sublevación militar con­firiéndole el carácter sagrado de Cruzada. El P. Alfonso Ál­varez Bolado, en Para ganar la guerra, para ganar la paz, deja la­­mentable constancia de su beligerancia. Se trata del más com­pleto estudio de las declaraciones y decisiones de los obispos españoles acerca la guerra.


Sin esperar la postura del Vaticano, el 1 septiembre los obispos vascos Múgica y Olaechea publican una Pastoral de­cidi­da­mente a favor del golpe. Paradójicamente poco tiempo después Múgica será desterrado y Olaechea será de los pocos obispos que levanten su voz en contra de las matanzas indis­cri­mi­na­das en el bando nacional.


A mediados de septiembre Pío XI recibió a 500 españoles presididos por varios obispos diciéndoles que lo de España era una verdadera persecución religiosa. Esto abre las compuertas en cascada a una larga serie de Pastorales, a cual más incendia­ria, en contra de la República y a favor de los alzados.


Una de las primeras, del 30 de septiembre, fue la de Pla y Deniel, obispo de Salamanca, con el título “Las dos ciudades”. Es en esta Pastoral donde se utiliza por vez primera y se consagra la expresión “Cruzada Santa” aplicada a la guerra. 

 “Los hi­jos de Caín, fratricidas de sus hermanos, envidiosos de los que hacen un culto de la virtud y por ello los asesinan y martirizan”. Por lo cual la guerra contra ellos es justa y la Iglesia no ha de ser recriminada si el ejército “se ha abierta y oficialmente pronunciado a favor del orden y contra la anarquía, a favor de la im­plan­tación de un gobierno jerárquico contra el disolvente co­munismo, a favor de la defensa de la civilización cristiana y sus fundamentos…”

 Pero Franco necesitaba una declaración más solemne, firmada por todos los obispos, que avalara su gestión ante la creciente polémica generada en el seno del catolicismo internacional.  Ésta fue la Carta colectiva de los Obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la Guerra de España, firmada el 1 de julio de 1937, por la que se confirmó el apoyo definitivo de la Jerarquía de la Iglesia española al bando franquista. 

Sus­crita por 43 obispos y 5 vicarios capitulares, no contó sin em­bargo con la firma ni del obispo de Vitoria Mateo Múgica, quien alegó a las circunstancias de su exilio para no rubricarla, ni del arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer. Impresa en francés, italiano e inglés, declaraba a la opinión pública internacional que siendo la Iglesia española “víctima inocente, pacífica, indefensa” de la guerra, apoyaba la causa del bando garante de “los principios fundamentales de las sociedad” an­tes “de perecer totalmente en manos del comunismo” que ha­­bía provocado la revolución “antiespañola” y “anticristiana” y que llevaba “asesinados a más de 300.000 seglares”.


Finalmente, el 1 de abril 1939  Pío XII felicita a Franco por la victoria y el 17 de abril publica la encíclica “Con inmenso gozo” sobre la terminación de la guerra.


Probablemente el aspecto más siniestro de la implicación de la Iglesia con el golpe fue la pastoral de cárceles y de los conde­nados a muerte. En la citada Carta Colectiva (nº 6) los obispos dicen tener el consuelo de poder decir que “al morir san­cio­nados por la Ley, en su inmensa mayoría nuestros co­munistas se han reconciliado con el Dios de sus padres.

 En Mallorca han muerto impenitentes sólo un 2 por ciento, en las regiones del sur no más de un 20 por ciento. Es una prueba del engaño de que ha sido víctima nuestro pueblo”. Nuestros obispos se sentían satisfechos de poder decir: “Sólo un 10 por ciento de estos amados hijos nuestros han rehusado los santos sacramentos antes de ser fusilados por nuestros buenos oficiales”,  en palabras del Obispo Miralles de Mallorca.


“El personaje que las circunstancias me obligan a llamar Su Excelencia el Obispo de Mallorca” (Dr. Miralles), dice Ber­na­nos, había delegado en uno de sus sacerdotes que, con los zapatos bañados de sangre, distribuía absoluciones cada dos descargas a los doscientos habitantes de la pequeña ciudad de Manacor considerados sospechosos por los fascistas y llevados en bloques a la tapia del cementerio para ser fusilados”.


En Mallorca se prohibió llevar luto a los familiares. En la conversación que José Mª Pemán tuvo con el General Cabanellas (Pemán pg. 149-154), al final Pemán se queja de la represión exa­gerada en la zona nacional. “Mi general… logre que le den la lista de los ejecutados del bando nacional, para esa triste pe­ro no dudo que precisa función de ejemplaridad. Confronte usted las dos listas. Puedo asegurarle que usted llegará a la convicción de que la finalidad del escarmiento hubiera sido suficientemente cumplida con sólo un cinco o cuatro por ciento de la lista.


Terminada la guerra, en abril de 1939, Franco recibió la “es­pada de la Victoria” de manos de Gomá, mientras pronunciaba unas palabras en las que describió a sus adversarios como los “enemigos de la Verdad” religiosa. 

En toda España se multiplicaron los actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de las víctimas. Los entierros de “mártires” fueron celebrados por todo el país en actos de gran solemnidad y exaltación. Franco recompensó el apoyo y soporte que recibió de la Iglesia Católica concediéndole una situación de privilegio que ha sido denominada como “nacionalcatolicismo”.


La beatificación y la ley de la Memoria Histórica


El régimen franquista promulgó la “Causa General Instruida por el Ministerio Fiscal so­bre la dominación roja en España” por de­cre­to del 26 de abril de 1940 con el fin de instruir «los hechos delictivos cometidos en to­do el territorio nacional durante la dominación roja». Uno de los epígrafes trataba de la Persecución religiosa: sacerdotes y religiosos asesinados y conventos destruidos o profanados.


La Causa sirvió para legitimar la sublevación contra la Re­pública y como instrumento de represión. Es la única versión oficial de los hechos sin que tras la Transición las autoridades democráticas hayan realizado una investigación imparcial ni se haya determinado la responsabilidad de las personas implicadas.


Quería ser asimismo la base documental para la futura beatificación de los que se llamaron desde el comienzo “mártires por Dios y por España”.  Pero Pío XII paralizó los procesos de beatificación, y así se han mantenido a pesar de la reiterada insistencia de algunos sectores del episcopado español. Juan Pablo II reabrió los procesos.

 Para ello tuvo que modificar el Código de Derecho Canónico, reduciendo el plazo para que estos procesos pudieran llevarse a cabo. La primera de estas beatificaciones se produjo en 1987. Desde entonces se han realizado diez ceremonias de beatificación, que incluyen a 471 “mártires”, de los que 4 son obispos, 43 sacerdotes seculares, 379 religiosos, y 45 laicos.


El pasado 27 de abril, la Conferencia Episcopal anunciaba una nueva beatificación masiva, de 498 religiosos asesinados durante la Guerra Civil y en los episodios de Asturias en 1934. Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de los obispos, declaró que este hecho constituye la aportación de la Iglesia a la reconciliación nacional pues “los mártires, que murieron perdonando, son el mejor aliento para que todos fomentemos el espíritu de reconciliación”.

Sin embargo, para poder construir la reconciliación es necesario que haya resarcimiento moral de todas las víctimas. 

Y hasta ahora esto no ha ocurrido con las víctimas republicanas. Es necesario asimismo que ambas partes reconozcan sus excesos y errores, los errores que les llevaron a la guerra. Y hasta aho­ra la Iglesia se ha negado a pedir perdón como parte implicada en la ruptura de la paz y sostenedora de un régimen político que se mantuvo por el terror.


Todo colectivo tiene derecho y probablemente obligación de honrar a sus muertos. Pero para que la Iglesia pueda hacerlo en un clima de reconciliación es necesario que se sume a tantas de­claraciones de instituciones nacionales e internacionales que reconocen


◾️la legitimidad democrática del gobierno de la República, y en consecuencia

◾️la ilegitimidad del golpe de estado de Franco y de su go­bierno durante cuarenta años

◾️que la guerra fue un error.

◾️La Iglesia, además, debe pedir perdón  por su participación, como impulsora y en ocasiones agresora…

◾️por su frecuente colaboración en la muerte o asesinato de miles de inocentes, acusando, denunciando, dando listas…

◾️por su responsabilidad en la ocultación del sacrificio de los que entregaron su vida por causa de la justicia y la verdad…

◾️por los beneficios de toda clase que obtuvo del régimen ilegítimo de la dictadura.


Si este reconocimiento se da, la Iglesia podrá en verdad honrar a los suyos sin ofender a los demás. Supondrá que está dispuesta a honrar a todos por igual, a los de todos los bandos, vencedores y vencidos, en tanto que todos fueron víctimas. Evi­tará la frase  “los de un lado a los altares, los del otro, como siempre, a la cuneta como perros”.


Pero si este reconocimiento no se da, honrando sólo a los suyos, la Jerarquía de la Iglesia debe saber que sigue humillando a las víctimas inocentes del otro bando y a sus familiares, que manifiesta su incapacidad de superar las posiciones beligerantes de hace setenta años y su incapacidad de ser factor de paz y reconciliación, que sigue apareciendo como Iglesia de venganza.

 En estas condiciones, ante el debate acerca de la recuperación de la Memoria Histórica se coloca en un espacio no sólo de fácil instrumentalización partidista de la institución Iglesia, sino de la instrumentalización partidista de los muertos. Nada peor hubieran podido pensar los ahora beatificados, que setenta años después el sector más recalcitrante de la sociedad española pretenda sacar provecho político de su sacrificio.


La argumentación usada por la Santa Sede para abordar la beatificación únicamente de personas asesinadas en la zona republicana es que la Iglesia no procede a la beatificación de nin­guna persona si en su asesinato se mezclan, aparte de lo que consideran motivos exclusivamente religiosos, motivaciones políticas, o existen serias dudas sobre si en la muerte pesaron más otras causas que las estrictamente religiosas.


Pero no nos engañemos. Al margen de los argumentos canónicos que puedan justificar este proceder, se trata de algo mucho más profundo.

Se trata fundamentalmente de la función pacificadora que la Iglesia dice que quiere ejercer. Y la fundamentación teológica de esta función pacificadora es que la Iglesia no debe relacionarse con el mundo en función de ella misma sino en función de la construcción del Reino de Dios en el mundo, en función de la justicia y de la verdad. 

De lo contrario, alejada y confrontada con el mundo, por mucho que tenga el derecho de reconocer el mérito de los suyos y los suyos de sentirse honrados con la beatificación de los suyos, corre el riesgo de convertirse en secta.


Olvidar a los miles de maestros, obreros, sacerdotes, políticos, sindicalistas, dirigentes, y las causas generosas por las que murieron  víctimas del franquismo no sólo es una injusticia sino que hace imposible la reconciliación. María Antonia Igle­sias, termina así el prólogo de su estremecedor libro Maes­tros de la República: “Los maestros republicanos cuya historia aquí se cuenta, y a los que por centenares también fue­ron asesinados, no les hace maldita falta que les canonice la Je­rarquía de la Iglesia católica… porque todos ellos fueron santos de verdad. 

Tampoco les hace falta que los reconozcan como mártires. Ellos fueron, los otros santos, los otros mártires”.             

(Texto publicado originalmente en el nº 238 de El Viejo Topo, noviembre 2007, en Jaume Botey , El Viejo Topo, TopoExpress, 03/01/18)

18/1/18

Defensa se desentiende de la fosa con cien militares fusilados por Franco al mantenerse leales a la República

"El Gobierno quiere zanjar y olvidarse de la fosa de los militares en San Fernando (Cádiz). El Ministerio de Defensa no asume "competencia ni responsabilidad alguna" en el caso, según la respuesta que ha dado el Ejecutivo a Unidos Podemos a una pregunta parlamentaria presentada tras la publicación en eldiario.es de la existencia de este enterramiento. (...)

Familiares de estas víctimas del franquismo tampoco opinan igual que Defensa. "Le pido a Cospedal que dé valor a unos militares que obedecieron al Gobierno que les nombró y cumplieron con su labor" al no acatar la rebelión armada, declara Rosa María de Sancha, nieta de Manuel de Sancha Morales, Comandante en Jefe de las tropas de Infantería asesinado y arrojado a la fosa isleña. "Ojalá lo hicieran y sería un orgullo", dice, "porque ese es el valor que tienen los militares, ¿no?, estar a la orden del Gobierno que salga, como ahora está el PP".  (...)

Militares opuestos al "glorioso Alzamiento Nacional"

El regate de la cartera dirigida por María Dolores de Cospedal revela "una actitud muy diferente a la que tomaron con el caso de Sanjurjo, por ejemplo", señala Delgado Ramos. En aquel caso el militar golpista acabó siendo enterrado "con honores" en el Panteón de los Héroes del cementerio de Melilla tras su exhumación obligada en Pamplona. (...)

El enterramiento ilegal está siendo intervenido como una más de las actuaciones emprendidas desde la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Ya han aparecido los restos óseos de entre 24 y 26 ejecutados, todos con muestras de muerte violenta.

Diez de ellos han sido exhumados y el estudio antropológico y los análisis genéticos determinarán, o no, su identidad. La asociación memorialista local, responsable de los trabajos arqueológicos, requería hace escasas fechas nuevos permisos "y más implicación de las administraciones" para continuar con la excavación cerca de los nichos donde avanza una de las fosas. (...)

"Mi abuelo está ahí, en la fosa"

"Mi abuelo sabemos donde está, ahí, es el sitio exacto". Rosa María de Sancha está a pie de fosa y señala el enorme agujero excavado en el cementerio de San Fernando. La tierra gaditana enseña restos óseos de varios ejecutados. "¿Leales a la República? Por supuesto", cuenta. Porque Manuel, su abuelo, " no sacó las tropas a la calle y no declaró el Estado de Guerra" como requerían los rebeldes.

Por eso fue "arrestado, encarcelado y después asesinado". Y por ello ella y su familia siguen buscando sus restos. Manuel "fue fusilado el 28 de agosto [del 36] y ese tiempo y el anterior [tras el golpe de Estado] eran todos militares los que están ahí, todos".

En esas centenas de historias enterradas hay "casos de militares que son emblemáticos", narra el investigador Miguel Ángel Lopez Moreno. Como el capitán de Corbeta Virgilio Pérez Pérez o el propio Comandante Manuel de Sancha Morales. "Ambos tuvieron la valentía de oponerse abiertamente a la sublevación militar y acabaron dando su vida en el acto de permanecer leales al juramento que ofrecieron a la República", explica.  (...)

En la antigua Isla de León no hubo guerra civil. Como en gran parte del suroeste peninsular. Esta falta de resistencia republicana al golpe fascista no evitó el baño de sangre que en San Fernando dejó 204 víctimas de Franco. 

De estas, 108 eran miembros de la Armada opuestos al "glorioso Alzamiento Nacional" que permanecieron leales a la República. Andalucía busca los huesos. Sus familiares esperan darles un entierro digno. El Gobierno nacional, y Defensa, se desentiende del caso."        (Juan Miguel Baquero, eldiario.es, 11/01/18)

17/1/18

Franco robó para sí mismo, desde el primer momento, parte de las donaciones a la autodenominada causa nacional y que no tuvo reparos en revender alrededor de 600 toneladas de café donadas por Brasil para el pueblo español por una fortuna

"La muerte de Carmen Franco sitúa de nuevo la herencia de los Franco en el ojo del huracán. Ella fue la única heredera del dictador. La beneficiaria exclusiva del patrimonio que Francisco Franco acumuló durante la Guerra Civil, primero, y durante sus 36 años de dictadura, después. Una fortuna que arrancó con el golpe de Estado del 18 de julio y su matanza fundacional

El conocido como "exterminio suficiente". Desde entonces y hasta nuestros días los herederos del dictador disfrutan de una más que acomodada situación económica a pesar de que en una entrevista reciente concedida a El Mundo Carmen Franco se lamentara de lo caro que era mantener ciertas propiedades. 

El periodista y escritor Mariano Sánchez calcula en su libro Los Franco S.A. que la fortuna de los Franco debe rondar los 500 o 600 millones de euros gracias, sobre todo, a un importante número de viviendas e inmuebles. 

La misma obra describe cómo Carmen Franco y su marido Cristóbal Martínez-Bordiú disfrutaban en 1975, año en el que falleció su padre, de 22 propiedades. Entre ellas, el pazo de Meirás, el palacio del Canto del Pico (valorado entonces en 300 millones de pesetas), el enorme edificio de Hermanos Bécquer (donde ha fallecido), siete fincas rústicas y chalés repartidos en Guadalajara, Marbella, Puerta de Hierro, La Moraleja y hasta en Miami. El periodista Jesús Ynfante suscribió en la revista Posible que la fortuna de los Franco podía alcanzar los 100.000 millones de pesetas a finales de los 70.

Pero las riquezas de los Franco Martinez-Bordiú no terminaban ahí. La hija del dictador y su marido no conocían nada de la presunta austeridad que se le suponía a Franco. Su marido y ella comenzaron a ocupar cargos en los grandes consejos de administración del país en lo que parecía una comunión perfecta entre la dictadura franquista y los grandes capitales del país.  

De hecho, en la actualidad Carmen Franco aún mantenía diferentes cargos en 21 empresas y El Español recoge que la heredera del dictador era la administradora única de dos compañías que juntas superaban los 38 millones de euros.

¿Pero cómo han conseguido los Franco tal fortuna? ¿Debió la democracia investigar la millonaria herencia que dejaba el dictador? ¿Es legítimo que una familia disfrute de las propiedades que un dictador expolió? El prestigioso historiador Ángel Viñas denuncia en La otra cara del Caudillo que Franco filtró para sí mismo, desde el primer momento, parte de las donaciones a la autodenominada causa nacional y que no tuvo reparos en revender alrededor de 600 toneladas de café donadas por Brasil para el pueblo español por una fortuna. Asimismo, el dictador también recibía una gratificación mensual de 10.000 pesetas de Telefónica. 

Así las cosas, Franco en 1940 poseía en sus cuentas 34 millones de pesetas de la época (unos 388 millones de euros de hoy día según el método de conversión José Ángel Sánchez Asiaín) y el origen de ese dinero no puede encontrarse en los salarios que el dictador habría obtenido por parte del Estado antes de la Guerra Civil ya que su nómina mensual en 1935 era de 2.493 pesetas y en 1940, ya como dictador, percibía 50.000 pesetas anuales.

 "Ni ahorrando todos sus emolumentos como jefe del Estado y como capitán general, más la gratificación de Telefónica, es posible que Franco pudiera acumular los saldos bancarios de los que disponía en agosto de 1940", subraya el historiador.

Un dinero que comenzó a acumular gracias al golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936. Mientras sus tropas perpetraban el conocido como "exterminio suficiente"un plan de exterminio sistemático que llevó a cada localidad española su matanza particular, Franco llenaba sus bolsillos. Había que ser precavido. La guerra se podía ganar o perder, pero había que asegurar que tanto sacrificio había merecido la pena, al menos, para su familia. 

El historiador Francisco Moreno escribe en Los desaparecidos de Franco (Editorial Alpuerto) que el plan de exterminio franquista es algo "intrínsecamente unido" a la dictadura. No se puede entender a Hitler sin las cámaras de gas, ni a Franco sin el "exterminio suficiente".

 "Si se niega el plan [de exterminio] se está negando la esencia del fascismo europeo y del franquismo. Algo muy importante es que, para mantener el clima de terror no hay que estar matando siempre ni derramando sangre siempre. Cuando se consuma una fase de terror sangriento, después el Estado puede vivir un tiempo de las rentas. Basta con que se mantenga la amenaza del terror, para que permanezcan sus efectos", sentencia Francisco Moreno, historiador y catedrático de Instituto.

Carmen Franco, sin embargo, jamás dio un paso para reconocer la matanza fundacional de su padre y pedir disculpas por ello a sus víctimas. Las cunetas, aún llenas de cadáveres, sirven como testigos silenciososos de la sed de sangre de Franco. La hija del dictador, por el contrario, presidió la Fundación Francisco Franco dedicada en cuerpo y alma a blanquear la imagen de su padre. Su patrimonio pasará ahora a sus herederos. Es la democracia de 1978. "           (A. Torrús, Público, 29/12/17)

15/1/18

Un espacio de terror ubicado en pleno centro histórico de Sevilla

"La comisaría de la plaza de la Gavidia en Sevilla es hoy un espacio recogido como Lugar de Memoria. Sin embargo sus instalaciones están abandonadas, con viejos calabozos y tétricos sótanos donde se realizaban terribles interrogatorios y torturas a finales del franquismo. Aún continúan intactos. Sin conocimiento de qué actividad será puesta en marcha en sus dependencias.


El documental Comisaria de la Gavidia. Lugar de Memoria Democrática realizado por CCOO Sevilla rescata, a través de un proyecto con el Ayuntamiento, las vivencias de los que padecieron vejaciones, insultos y maltrato psicológico, buscando que este edificio no se pierda. Tampoco el rastro de sufrimiento de cientos de víctimas.  (...)

 

Un espacio de terror ubicado en pleno centro histórico



Los hijos de aquellos republicanos se revelarían a finales del régimen. Carlos Carreño, secretario de Relaciones Instituciones del sindicato en Sevilla recuerda para Público como esta comisaría fue “el último reducto de la ciudad contra todo elemento que fuera contrario al régimen”

 Por sus oficinas pasaron cientos de hombres y mujeres sevillanos, fundamentalmente. Jóvenes obreros y estudiantes, que durante la década de los sesenta y setenta lucharon por la conquista de las libertades y derechos democráticos. (...)

 

La policía más sádica de la Jefatura de la Gavidia



Los agentes que integraban la Brigada Político Social dentro de la Gavidia no han podido ser olvidados por sus víctimas. Francisco Beltrán Ortiz era uno de los más sádicos que sufrió un grave atentado por parte del GRAPO en 1979. Francisco Colina Neto y el inspector jefe José Soriano realizaban también interrogatorios y torturas. El jefe de la Brigada Político Social (la policía política de la dictadura) en aquellos años era José Martín Fernández.

 Sus testigos recuerdan que este último “no se pringaba en los interrogatorios. Sólo aparecía para ver cómo iban los presos en los sótanos. Vigilaba, hacía gestos para que apretaran más, para decir que ahí estaba él”, dirigiendo al grupo de inspectores que podían tener en los sótanos a los detenidos casi sesenta horas.


Aunque todos torturaban, insultaban y asustaban por igual, cada uno tenía una actuación particular. Dentro del documental realizado por Comisiones Obreras se destaca que “todos provocaban para justificar su crueldad. Se metían con el preso y cuando este saltaba encontraban el momento perfecto para torturarlos”.


Soriano es recordado por los detenidos como un hombre “gordo, bajo y con mucha barriga provocado por el alcohol que bebía”. Tenía asignado como vigilancia especial la fábrica de Hispano Aviación y era asiduo a la oficina de personal de dicha fábrica.


Beltrán ha sido descrito como un hombre “alto, corpulento, con bigote a lo mejicano y mirada descarada. Golfo y chulo en los interrogatorios y ante los detenidos mostraba un trato totalmente ofensivo”. Su negocio de espartería en la Avenida Marqués de Pickman era muy popular. Recibió un tiro cerca de su negocio que le atravesó la cara por parte del GRAPO. Aún se encuentra con vida.


Colina era el último de los inspectores. “Seco, más cortante e hiriente”. En cada interrogatorio, intentaba a toda costa “asustar al detenido”. Sus víctimas lo califican como un policía “alto, corpulento y moreno”. Vivía en uno de los barrios obreros de Sevilla, el Polígono San Pablo.  (...)

 

Las 72 horas de pánico de Kechu Aramburu en la Gavidia


Los testimonios de aquellos días en la Gavidia resultan escalofriantes, como el que de Kechu Aramburu que en aquella época no superaba los 18 años de edad. “En esos años era estudiante de la Universidad y dirigente de la liga comunista revolucionaria. Teníamos un peso muy fuerte en el movimiento estudiantes desde la corriente trotskista”.


Aramburu era menor de edad. Y su familia procedía de la alta burguesía sevillana. “Vivir aquellos días no era fácil aunque no teníamos tanto miedo, el que teníamos estaba interiorizado. Estábamos seguros de estar luchando con un gigante que no nos iba a vencer y sabíamos que aquella policía nunca nos iba a dejar en paz”.


Recuerda a los agentes Colina y Beltrán antes de su detención. “Iban con gabardinas y el cuello subido por la universidad. Nadie podía decir que no sabía quiénes eran. Eran visibles, se hacían notar y teníamos que tener mucho cuidado de que no averiguaran nuestra reuniones”.
"Estábamos seguros de estar luchando con un gigante que no nos iba a vencer y sabíamos que aquella policía nunca nos iba a dejar en paz”

Aramburu recuerda con dificultad el año de su detención. 72, 73 o 74. Una reunión nocturna que acabó con la detención de casi veinte jóvenes de la Liga Comunista. “Solo éramos dos mujeres. El restos eran compañeros y a todos nos trataron con la misma dureza”, dice Aramburu.


Kechu sabía que la Gavidia era la casa de torturas por las que muchos amigos habían pasado. Y los sótanos daban un fiel reflejo de lo que allí ocurría. “El franquismo no tenía consideración con nadie y todos éramos enemigos”. 

Primero los detenidos estaban separados, luego los juntaban en los sótanos a los que subían a través de una campana. “Sabíamos que al no tener pruebas a la mayoría nos tendrían que soltar a las 72 horas pero nadie se libró que de que estos comisarios sanguinarios nos insultaran y nos dieran patadas. Era el método para destrozarnos psicológicamente”.


Después de insultar y llevarnos al límite, a Kechu y sus compañeros los sacaban por los pelos a la ventana. “Allí te decían que podías caer desde alguno de los pisos como un huido y que ellos nunca cargarían con las consecuencias”. La impunidad, el coraje y el rencor de aquellos días ya está disipado. Kechu no ha querido olvidar lo que ocurría en aquel edificio, hoy abandonado.

A Paco Sánchez Legran lo interrogaron 60 horas seguidas


Paco Sánchez Legrán era también menor de edad y trabajador de la empresa de Hispano Aviación, en Triana. Con 17 años participaría en una asamblea de trabajadores de Comisiones Obreras Juvenil. “Aprendía el oficio de oficial tornero”, aclara a Público.


Su primera detención en la Gavidia sucedería tras las pintadas realizas ante la fábrica de textil de Hytasa en 1969. “La BPS me pilló y fui directo a los calabozos”

De las 72 horas que se mantuvo dentro de las dependencias a Paco le estuvieron pegando casi 60 horas. “Nunca supe si era de día ni de noche pero nunca lograron que tuviera miedo hasta que me vi la cara destrozada por los puñetazos y las patadas en el estómago”. Un grupo de madres de presos acudieron a pedir clemencia al entonces cardenal Buero Monreal. Así se libraría aquel joven de llegar hasta la cárcel provincial en esta primera detención.

Paco recuerda que en su “paso al juzgado de Sevilla reclamaría ante el juez palizas y torturas por parte de los inspectores”. El magistrado no levantó ni la mirada. Solo se hacía silencio ante aquellas declaraciones. “Si me pude marchar fue porque a pesar de hablar de mi militancia en Comisiones nunca llegaron a conocer mi compromiso político con las juventudes comunistas”.


El comisario Beltrán fue el encargado de practicar la tortura de Paco. “Era un torturador psicológico que venía cuando terminaban de pegarme los de la rueda.” Eso significaba que un grupo más amplio de agentes que “te pisaban, te tiraban al suelo, te volvían a levantar. Eso ocurría en la tercera o cuarta planta y en el sótano estaban los calabozos”.


El comisario Colina y Suárez fueron los que jugaron el rol violento. “Me insultaban y me decían que sabían que mi tío había estado en un campo de concentración. También me ponían la cabeza en la mesa diciendo que sino hablaba detendrían a mi propio padre”.


Ese era el peor momento en los calabozos, la presión psicológica. “Cuando alguien largaba era siempre porque no podía soportar esa tortura psicológica

 Las palizas, los puñetazos se soportaban con los ojos cerrados”. En el tercer procesamiento de Paco llegó su condena más larga. “Me condenan a un año de cárcel por asociación ilegal y propaganda ilícita. Paco destaca con ironía como “por ser año santo compostelano, cumpliría solo seis meses de cárcel. “Una obra social del dictador”. Su etapa carcelaria finalizaría en 1972.

A Ramón Sánchez Silva le desencajaron la mandíbula


A Ramón Sánchez lo detienen en la fábrica de Hytasa a principios de 1968. Lo llevan directamente a la Jefatura de la Gavidia. “Yo estaba trabajando en la textil y estábamos organizando una protesta porque hubo una intoxicación y se organizó una asamblea de trabajadores”


Rápidamente llegó la policía. En aquella fábrica las condiciones laborales eran miserables. El régimen disciplinario dentro de la empresa fue lo que llevó a Ramón a sumarse a la lucha. “Había un régimen muy fuerte y te ponían multa por cualquier cosa o suspensión de sueldo” durante días.

"Nunca olvidaré el sonido del timbre que sonaba. El que lo escuchaba sabía que era el momento de la próxima paliza

Ramón era también menor de edad como la mayoría de los que pasaban aquellos días por los calabozos de la Gavidia. “Me llevaron a la comisaría de la Gavidia. Y allí empiezan a interrogarme. Estoy 72 horas en comisaría y nunca olvidaré el sonido del timbre que sonaba. El que lo escuchaba sabía que era el momento de la próxima paliza”.


Beltrán fue el inspector encargado de sacudir a golpes al joven Ramón. “Fueron insultos, vejaciones y puñetazos en los costados”. Era un miedo interior. Ramón nunca olvidará aquel camino hacia los sótanos.


No fue su única detención. “A principios del 69, me detuvieron en preventiva dentro del estado de excepción. El año anterior me detuvieron cinco o seis veces. Si estabas fichado ya podías aparecer por la Gavidia cada vez que ellos quisieran”. En una de aquellas ocasiones fue tal la paliza recibida que de una patada en la boca, le desencajaron la mandíbula.


Este militante guarda recuerdos del comisario Colina que hizo en su interrogatorio de “poli bueno” De Beltrán relata como disfrutaba pegando y amenazando. “Te ponía un Mundo Obrero encima de la mesa y se reía después de darte un puñetazo en la cara y patadas en los testículos”.

Ramón señala de aquellos interrogatorios una escena que se le ha quedado grabada: “Entré a las seis de la mañana en la primera ocasión que llegué a la Gavidia y salí a las cuatro de la tarde. Les dije que tenía sed y hambre después de tantas horas. Y se rieron durante un rato. Era unos sádicos. Y sus miradas te infundían un odio profundo” como enemigo del sistema."        (María Serrano, Público, 12/01/18)